– Nulidad de actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico
– Reclamos por responsabilidad civil del Estado o municipalidades
– Suspensión de licitaciones públicas o concursos por vicios legales
– Defensa de derechos adquiridos frente a decisiones de instituciones públicas
– Recursos ante la Sala Primera y el Tribunal Contencioso Administrativo